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Las claves de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

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El Gobierno ha dado un paso clave en la regulación laboral con la aprobación del anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin afectar los salarios. Esta medida ha generado numerosas dudas entre trabajadores y empresas, especialmente sobre su aplicación y consecuencias.

¿Cuándo entrará en vigor la reducción de la jornada laboral?

Entrará en vigor tras su publicación en el BOE, ya que tan solo se ha aprobado el Anteproyecto Ley.

El objetivo es que se apruebe durante este 2025, aunque podría ser una realidad para enero de 2026.

Impacto en salarios y horas de trabajo

No habrá reducción salarial, por lo que el precio por hora trabajada aumentará. Esto podría repercutir en el coste de las horas extras, generando un impacto económico en las empresas.

¿Cómo quedará la jornada anual tras la reducción de la jornada laboral?

Actualmente, la jornada de 40 horas semanales equivale a 1.826 horas anuales. Con la nueva regulación, el límite será de 1.711 horas anuales.

Sectores afectados y excepciones

Los sectores con convenios que ya establezcan jornadas inferiores a 1.711 horas anuales no se verán afectados. En aquellos con jornadas superiores pero inferiores a 1.826 horas, la reducción de la jornada laboral será proporcional hasta alcanzar el nuevo máximo.

Cambios en contratos y conciliación laboral

Los trabajadores con adaptaciones de jornada por conciliación tendrán que recalcular sus horarios. Para los contratos a tiempo parcial, si su jornada es igual o superior a 37,5 horas semanales, se convertirán en contratos a tiempo completo. En caso contrario, los trabajadores podrán optar por reducir sus horas o mantenerlas con un salario proporcionalmente mayor.

Registro digital de jornada y sanciones

Se establecerá un registro digital obligatorio seis meses después de la publicación de la norma en el BOE. Las empresas deberán llevar un control diario y conservar los registros por cuatro años. No cumplir con este requisito podría implicar multas de entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador afectado.

Con esta reforma, el Gobierno busca mejorar la calidad del empleo y equilibrar la vida laboral y personal a través de la reducción de la jornada laboral, aunque su implementación generará retos organizativos para muchas empresas.

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