El gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado un nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico, con el objetivo de ordenar el sector y ofrecer mayor control a los ayuntamientos. Este decreto, que entrará en vigor próximamente, endurece las sanciones y establece nuevas obligaciones para los propietarios, lo que marca un cambio significativo en el alquiler turístico en la región.
Principales novedades del decreto
Entre los puntos más destacados se encuentra la prohibición de los cajetines para llaves y la obligación de ofrecer un servicio de recepción en las viviendas turísticas, con el fin de garantizar una mejor experiencia para los usuarios. Además, se otorga mayor autonomía a los ayuntamientos, quienes ahora podrán decidir el modelo de ciudad que desean y limitar el uso de las viviendas con fines turísticos según sus circunstancias locales.
Otra de las medidas claves es el fortalecimiento del sistema de inspección, que incluirá el uso de inteligencia artificial para identificar apartamentos turísticos ilegales. También se colaborará estrechamente con plataformas de reservas, la Policía y las autoridades locales para detectar y sancionar las viviendas que no cumplan con la normativa vigente.
Endurecimiento de las sanciones y nuevas exigencias
El nuevo decreto aumenta las sanciones para aquellos que infrinjan la normativa. Entre las infracciones graves se incluye la negativa de los propietarios a facilitar la documentación requerida, mientras que el alquiler por habitaciones se considera una infracción muy grave, con multas que podrían llegar hasta los 600.000 euros. Además, los propietarios serán responsables subsidiarios de las infracciones, lo que endurece aún más las obligaciones en el alquiler turístico en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, todas las viviendas de uso turístico deberán renovar su declaración responsable cada cinco años, garantizando que se adapten a los nuevos requisitos de habitabilidad y servicios de calidad. En cuanto a las nuevas licencias, será obligatorio certificar que la comunidad de propietarios no prohíbe este tipo de actividad, en línea con la Ley de Propiedad Horizontal.
Mayor control municipal y protección del mercado
Este decreto también otorga a los ayuntamientos la competencia para gestionar los procedimientos sancionadores por infracciones en el alquiler turístico, lo que refuerza su capacidad de controlar el crecimiento de este tipo de inmuebles en sus territorios. La normativa también busca evitar la especulación, estableciendo que las licencias estarán vinculadas al propietario de la vivienda, no al inmueble.
Un modelo de turismo sostenible
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que este nuevo marco legal surge del consenso entre el sector turístico, sindicatos, asociaciones de consumidores y los municipios. Según Mazón, el decreto busca crear un modelo de turismo sostenible que impulse la economía regional sin afectar la convivencia en las zonas más afectadas por el crecimiento descontrolado del alquiler turístico.
Este decreto, conocido como «decreto Montes» en referencia a la consellera de Turismo Nuria Montes, pretende ofrecer seguridad jurídica al sector y garantizar que la Comunidad Valenciana siga siendo una referencia en turismo de calidad.